¿ES MERCANTILISTA O RESOCIALIZADOR EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO EN COLOMBIA?

GERMAN JIMENEZ MORALES, periodista, dijo el 11 de diciembre de 2011, en el periódico el colombiano, adujo:

“Multas, historia de un negocio

A NOVIEMBRE, LOS colombianos pagaron $304.445 millones en comparendos. El 25% de esa torta se la disputan hoy firmas privadas.”

Durante el discurrir de este primer mes del año 2016, los informativos de orden nacional entre ellos RCN, han dado a conocer del negociado que existe al interior de los contratos interadministrativos entre los organismos de carácter gubernamental y la policía nacional de la nación, cuando de regulación operativa del transito y transporte se trate.
Sin entrar en juicios dispersos de valor, mírese como los programas de mejoramiento de la calidad, sistemas de información, gestión por resultados, visibilidad y trasparencia – indicadores-, satisfacción al usuario y mejora continua en la calidad, afloran como supuestos garantes de los actuales gobernantes hacia sus súbditos ciudadanos, que guardan la esperanza de lograr el mejoramiento de su calidad de vida, misma que hace que este gobernante se oriente a demás en la búsqueda de subsidios, prestamos, comprometer vigencias futuras y convenios, para poder cumplir con su comunidad; pero ¿Cómo aumentar la capacidad de intervención y acción de estas entidades territoriales  (municipio), específicamente en su secretaria de transito y transporte o de movilidad como recientemente las han venido denominando?, la respuesta no puede ser diferente a que debe apostarle a la gobernanza como propuesta teórica soportada en la participación de actores diferentes al estado en el proceso de gobierno (estado, sociedad, civil y mercado orientados a la coordinación socio económica).
La gobernanza, que no gobernabilidad, abre una nueva relación entre el gobierno y otros sectores, con lo que se crea una ventana de oportunidad para resolver los problemas públicos sin perder de vista que lo público gira en torno a la obtención de recursos con direccionamiento a la sociedad, mientras que lo privado enfatiza en el desarrollo de servicios con innovaciones en escalas menores. Llamamos entonces la atención acerca de que la planeación estratégica, táctica y operativa deberá estructurarse a través de instrumentos de gobernanza, para lo cual el diagnostico ha de ser tanto de lo interior como del exterior (gobernar con lo que se tiene e incluir lo que está afuera), potenciar las capacidades de los actores gobernados, como quiera que es factor importante de cualquier gobierno público, garantizar redes de políticas públicas (principio de visibilidad de actores) asumiendo metas claras, colectivas y públicas, con lo que se generara la confianza en el conglomerado social  de cada municipalidad, porque LOS DERECHOS SOCIALES REQUIEREN DE LA SERIEDAD DE SUS GOBERNANTES, es decir, ocuparse de interactuar con miras a establecer UN DIALOGO ENTRE DERECHOS Y POLITICAS PÚBLICAS, ORIENTADAS EN PRO DE LOS TRES GRANDES OBJETIVOS QUE TIENE POR NATURALEZA TODO SER HUMANO: LA FELICIDAD, EL BIENESTAR Y LA EXCELENCIA.

Actuar en contravía a estos postulados es caer en la mercantilización de las actividades de transito y transporte, algo que es diferente a LA EFICACIA DE LA NORMA O LA INEFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA OBJETIVAR EL COBRO DE SU INCUMPLIMIENTO, en la que lo fundamental es la FORMACION UN NUEVO TIPO DE CIUDADANO, sin caer en equívocos como por ejemplo: que El presupuesto del organismo de transito se soporta como todos los demás en el país, en las potenciales multas que se ejecuten por violación al Código Nacional de Transito, lo que no deja de ser un contrasentido, pues o se infracciona y sanciona para sostenerse o se educa y no se infracciona (artículo 56 VS 160 Ley 769 de 2002), soslayando la defensa de los actores de la seguridad vial al no tratárseles como sujeto y si como objeto en la estructuración del presupuesto.

Jesus Alberto Betancur Restrepo

abogado